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El país pierde 48.000 hectáreas de bosque al año

17 de abril de 2015, El Tiempo

El 75 por ciento de la madera que se explota y se comercializa en Colombia fue extraída ilegalmente.

El negocio de la tala ilegal de madera se traga, lentamente, a los bosques tropicales de Colombia. Cada año en el país, por la deforestación clandestina, se pierden unas 48.000 hectáreas de bosque, un poco más del área urbana de Bogotá.

Son los apartados bosques del Pacífico y el Amazonas, donde en muchos sectores solo hay grupos armados ilegales, los lugares predilectos para quienes están detrás del negocio, toda una mafia con conexiones en otros países de América, Asia y Europa.

En estos sectores, estadísticas de la Policía señalan que entre el 2012 y el 2014 se realizaron decomisos de madera transportada de forma ilegal, donde había alrededor de 273.000 metros cúbicos de madera.

Las especies que persiguen los traficantes son maderas preciosas, como los cedros negros, la palma colombiana, el linde y el algarrobo, que son especies en vía de extinción. Incluso, solo unas cuantas pulgadas de algunas valdrían lo mismo que un gramo de oro, que está a casi 100.000 pesos.

Por otro lado, cifras del Banco Mundial del 2006 indican que, en Colombia, el 42 por ciento de la madera que se explota, transporta y comercializa en el país es ilegal. No obstante, Miguel Pacheco, especialista forestal del Fondo Mundial para la Naturaleza en Colombia (WWF, por sus siglas en inglés), se atreve a señalar que la cifra en la actualidad se queda corta, debido a que según estudios elaborados por la propia entidad señalan que la cantidad se aproxima al 75 por ciento.

La elevada tasa que muestra Pacheco surge del llamado ‘blanqueo’, como se denomina a la forma que hacen los traficantes para pasar como legal la madera extraída sin permiso.

El experto asegura que, sin justificar a quienes hacen este delito, parte del problema del tráfico es el plan de manejo forestal que se pide por parte de las corporaciones autónomas, debido a que este puede tardar hasta dos años.

“Como el pequeño productor necesita liquidez, no tiene más remedio que ser ilegal, es decir, falsificar salvoconductos y sacarla de manera irregular”, dice Pacheco.

El documento autoriza la movilización del producto, pero la parte fraudulenta viene cuando ese permiso es utilizado para mover mercancía que no proviene del sector que está en regla, sino de otros de los que no se tiene el consentimiento de las corporaciones autónomas.

El problema del ‘blanqueo’ no termina ahí, pues no solo se transportan maderas de otras zonas diferentes a las del permiso, sino que se mueven otras especies y en mayor cantidad que la registrada. Eso demuestra, señala la WWF, que el sistema es débil y vulnerable.

Además, no en todos los retenes de la Policía en las carreteras hay expertos ambientales, y los agentes no conocen las dimensiones de la madera transportada, hecho que facilita el accionar delictivo.

Después de que llega a los lugares de transformación no hay cómo demostrar que la madera proviene de otra reserva a la que señala el salvoconducto. Ahí ya se pierde la batalla.

Los traficantes

El Área de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía señala que, detrás del delito, se encuentran bandas organizadas y grupos armados ilegales, que no solo cobran ‘vacunas’ a los madereros, sino que hacen parte del negocio, porque muchas de las talas se hacen en territorios donde se mantienen clandestinos. También los nativos talan árboles de forma artesanal a una escala doméstica, y no tienen los permisos ni los salvoconductos que exige la ley.

Las impresionantes ganancias que deja la madera despiertan el interés de los grupos al margen de la ley. Un informe internacional de la WWF indica que, al año, el comercio de madera ilegal llega hasta unos 7.000 millones de dólares.

En Colombia, estimaciones del pacto por la madera legal señalan que solo un metro cúbico alcanza la suma de 2’321.000 de pesos, un negocio muy rentable.

Además, las bandas organizadas han llegado al punto de sobornar a la autoridad. Un caso reciente fue la captura, en Cimitarra (Santander), de un fiscal, su asistente y un agente de la Policía, quienes, al parecer, cobraban dinero a los traficantes de madera para no procesarlos judicialmente y permitir su trabajo ilegal.

En la actualidad, según fuentes consultadas por EL TIEMPO, la unidad de delitos medioambientales de la Fiscalía está en reestructuración y hay pocos avances en las investigaciones contra las bandas.

Entre tanto, la Policía Ambiental asegura que el delito viene creciendo a consecuencia de la venta de permisos de aprovechamiento y el salvoconducto único de movilización de forma irregular.

Otra de las consecuencias del aumentó en la ilegalidad, según la Policía, es que el tráfico es un problema que se manifiesta en sectores lejanos de la geografía colombiana, donde hay poca presencia del Estado, lo que permite mayores niveles de ilegalidad.

Con este punto coincide Miguel Pacheco, quien agrega que “no hay consensos para control de vigilancia a nivel nacional”, lo que facilita que los traficantes pueden utilizar muchas vías para evitar el control de la autoridad.

Pacto por la madera legal

Uno de los grandes retos de Colombia es combatir los delitos contra el medioambiente y, por eso, con el Pacto Intersectorial por la madera legal, varias organizaciones y el Gobierno se unieron para hacerle frente. En la actualidad, el proyecto fortalece y actualiza las regulaciones para evitar que se siga comercializando la madera de forma irregular, y mejorar el aprovechamiento planificado de los bosques.

También se busca salir del atraso tecnológico, que el propio Ministerio de Ambiente reconoce, para la detención de los productos legales.

En definitiva, el Pacto está en proceso de acordar acciones para establecer protocolos en tanto en los sectores públicos como privados para la compra responsable de madera y sus productos.

Así funciona la ruta de la ilegalidad en el Pacífico y Amazonia

La zona del Pacífico colombiano tiene las rutas predilectas para los depredadores del medioambiente, como los llama Julio César Gómez, subdirector de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), entidad que lidera el proceso de gobernanza forestal que busca proteger los árboles del país y, además, intenta hacerles seguimiento para que la explotación de este recurso no siga en las manos de ilegales.

En esta región, explica Gómez, se internan en la selva con motosierras y otros equipos modernos. Fácilmente, en muy pocos días están en condiciones de comerse el bosque.

Esas maderas las sacan en trozas y aprovechan los ríos, como el San Juan y el Atrato, para moverlos en embarcaciones durante el día. Entrada la noche, los ilegales llegan a los lugares donde arruman el material que será recogido, entrada la madrugada, por mulas que lo conducen hasta agencias transformadoras de madera.

Estos ‘filtros’ no pueden ser sobrepasados, según un informe de la Interpol, sin el consentimiento de las guerrillas, que imponen impuestos a los madereros y controlan los pasos por donde debe pasar la mercancía.

Gómez explica que, “como este recurso se volvió tan escaso y de tanto valor, hay muchos grupos subversivos o bandas criminales que están en ese negocio”. Debido a que estos tienen control en terrenos muy amplios, las personas que quieran explotar deben contar con la anuencia de ellos. Funciona no solo como vacuna sino que parte de la ganancia también va a las arcas de los criminales.

Cuando la madera sale del Chocó, generalmente es transformada en Risaralda. Los otros destinos que sirven para transformar los troncos del Pacífico son Antioquia, Caldas y municipios del Valle.

Una vez el tronco es transformado en láminas o tablas se lleva hasta los puertos oficiales del Pacífico, como Buenaventura, allí se muestran papeles falsos o guardan el material en contenedores para tramitarlo como un viaje de otros productos, aprovechando que no toda la mercancía es verificada. “Hay complicidad de las aduanas, de las personas que hacen control”, explica.

Mientras tanto, en el Amazonas, el punto clave es la frontera entre Perú y Colombia por el río Putumayo. Los traficantes de ambos países aprovechan la navegabilidad de este punto para cruzar madera de un lado al otro, en muchas ocasiones el producto termina en Brasil, pues en su Amazonia la tala ilegal alcanza el 80 por ciento.

La WWF también indica que otro paso transfronterizo es por Leticia y Tabatinga, en Brasil, donde se utiliza el río Amazonas para moverla sin permiso alguno.

Estos corredores, Pacífico y Amazonas, son las áreas geográficas que más abastecen al país de madera legal y, por sus cientos de hectáreas de bosque, también se prestan para el aprovechamiento ilegal. De esta manera, la Interpol señala en sus informes que China es el mayor importador de productos madereros de origen ilegal. Otros grandes destinos adonde iría a parar esta mercancía colombiana son Japón, los países europeos y Estados Unidos.

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